El pasado jueves 1 de junio se dio a conocer qué la fiscal Cinthya Bracamontes y la Agente del MP, Verónica Torres en el estado de Jalisco desestimaron la denuncia de abuso sexual en contra de un menor de 14 años de edad tan solo por contar con una discapacidad auditiva y no saber hablar … Leer más
El pasado jueves 1 de junio se dio a conocer qué la fiscal Cinthya Bracamontes y la Agente del MP, Verónica Torres en el estado de Jalisco desestimaron la denuncia de abuso sexual en contra de un menor de 14 años de edad tan solo por contar con una discapacidad auditiva y no saber hablar el lenguaje de señas mexicano. La madre de la víctima presentó la denuncia en junio de 2016, pero como el menor no puede comunicarse, no pudieron tomarle declaración y minimizaron lo señalado por la mujer, puesto que además, al hacerle los exámenes realizados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuatro meses después, no presentó huellas de penetración, pero sí de escoriaciones dermoepidérmicas con costra seca en ambos glúteos, sin que se ampliaran las investigaciones para saber fehacientemente si hubo o no abuso con anterioridad.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece el principio de igualdad ante la ley y señala que todas las personas qué intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. La ley contempla que: “si se trata de una persona con algún tipo de discapacidad, tiene derecho a que se le facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información solicitada o, a falta de estos, a alguien que sepa comunicarse con ella”.
El ombudsman jalisciense advirtió que a pesar de que el menor de edad es una persona con discapacidad auditiva, no sabe leer ni escribir y desconoce la lengua de señas mexicana, pero también lo es que no deben privarlo de los derechos y prerrogativas que, de acuerdo con diversos instrumentos jurídicos internacionales y locales, el Estado está obligado a proporcionarle, ya que de las investigaciones practicadas por este organismo se constató que no puede comunicarse.
A la víctima le falló el Estado, no se le dio la protección jurídica a que tiene derecho, el caso es terrible y más terrible es que muchas personas con discapacidad padecen esta tragedia por sus características particulares. Debemos estar pendientes de las instituciones y no tolerar más discriminación.
Imagen Zacatecas – Claudia Edith Anaya Mota